Quienes suscribimos este comunicado, es grato saludar a los distinguidos entes internacionales, medios de comunicación y organizaciones civiles internacionales a quienes hacemos llegar este comunicado desde la ciudad de Caracas, Venezuela.
Elevamos esta carta para solicitar apoyo con el objetivo de visibilizar la preocupante situación de Venezuela en materia de seguridad vial. La complejidad del tema nos lleva a mostrar por lo menos tres de las aristas que consideramos de mayor significación, no queriendo indicar con ello, que otras incidencias no sean de interés.
Datos, cifras y estadísticas
Es un hecho notorio, incluso manifestado por la Organización Mundial de la Salud, el OISEVI y otros entes internacionales, que el Estado venezolano no presenta una data oficial nacional actualizada sobre la siniestralidad vial desde el año 2016, que permita realizar diagnósticos, acompañamiento, campañas, proyecciones y formular e implementar políticas públicas coherentes en este sentido.
La ausencia de información no solo es de cara a los organismos internacionales, sino también lo es a lo interno. Las causas principales son: a) un gobierno ineficiente y autoritario que no promueve la recolección, sistematización y presentación de una data oficial nacional fiable, que dé cuenta de la involución de las cifras en materia de seguridad vial durante su mandato; b) la merma en el apoyo económico por parte de organismos públicos y empresas privadas, nacionales e internacionales, a las ONG`s que asumieron la tarea de aportar datos, ante el incumplimiento de la responsabilidad estatal, lo que las ha dejado sin presupuesto para realizar estudios y documentar los hechos; y, c) la migración forzada de profesionales en materia de seguridad vial, debido a la grave crisis social, económica y política que tiene lugar en Venezuela, que ha reducido el capital humano, técnico y profesional especializado, con la formación ad hoc para desarrollar investigaciones sobre la materia.
La escasa data, que se está generando, es una que no refleja la realidad del país en materia de siniestros de transito, sumándose una variable que distorsiona las cifras de víctimas fatales y lesionados en seguridad vial, es la notable disminución del parque automotor circulante, producto de la crisis económica que genera la escasez o ausencia de repuestos, el bajo poder adquisitivo para hacer mantenimiento al vehículo automotor, – incidencias que también han afectado la prestación, seguridad y calidad del transporte público – la migración forzada del 10% al 15% de la población total. De manera simplista, podría llegar a asociarse la disminución de los volúmenes vehiculares a una baja en el número de siniestros viales, pero en Venezuela hoy día, hay una situación que incide en la ocurrencia y gravedad de siniestros viales.
El problema de la congestión vial en las ciudades para 2007 ya no es tal, lo que aunado a la ausencia de vigilancia y control del tránsito ha trascendido a un mayor nivel de anarquía e impunidad, así como al incremento en las velocidades de circulación de los automotores, siendo éste el elemento que más víctimas fatales cobra. A este panorama se suma, que contraviniendo a lo dispuesto en la Ley de Transporte Terrestre y al reglamento vigente, no se realiza la revisión técnica de los vehículos; tampoco hay una gestión de mantenimiento y conservación vial y se han construido conexiones viales, cuyo diseño geométrico desatiende a las más elementales normas oficiales, obviando disposiciones técnicas de seguridad básicos. Otro aspecto que afecta es la emisión de licencias de conducir en un formato fácilmente falsificable, la obtención de estas además de manera ilícita, lo que incrementa el número de conductores noveles sin capacidades técnicas para conducir.
La I Encuesta Nacional sobre hábitos y aptitudes en Seguridad Vial publicado en 2015, inserta en el IV Informe sobre la situación de la Seguridad Vial en Venezuela vista desde la sociedad civil, cuenta con una muestra de 1.000 hogares entrevistados a nivel nacional. En ella se preguntó sobre las autoridades encargadas del cumplimento de las normas y leyes existentes en la materia. El resultado fue el siguiente: a) el 48% de los encuestados cree que las autoridades pocas veces hacen cumplir la ley; b) el 25% que nunca la hacen cumplir; c) el 23% dice que algunas veces y, c) sólo el 3% expresó que siempre hacen cumplir las leyes.
Con base en estos resultados, tenemos que, 73% de los encuestados considera que las autoridades viales nunca o pocas veces hacen cumplir las leyes. Los resultados de esta encuesta de opinión muestran que hay una sensación de impunidad generalizada que agrava el panorama. Nuestro mayor anhelo sería poder contrastar estas opiniones con data real, demostrando que los dolorosos testimonios no son hechos aislados, sino una dura realidad a la que se enfrentan miles de víctimas y familiares de siniestros viales.
El Observatorio de Seguridad Vial en Venezuela ha trabajado sistemáticamente a pesar de los pocos recursos, pero con gran entereza, para obtener cifras que expongan la gravedad de la situación de la seguridad vial en el país y cumplir de esta forma con su función de Observatorio. Cada año, a través de sus informes anuales, se ha hecho hincapié al Estado, del cumplimiento de mejorar y emitir con mayor prontitud los Anuarios de Mortalidad, los cuales, actualmente están siendo publicados con un desfase de tres años.
Las víctimas
Se reconoce mundialmente la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela con un quiebre del sistema de salud nacional. Por tanto, se da prioridad a casos de muerte eminente en la población más vulnerable. Pero, lo que no parece notarse es que, parte importante de las muertes reportadas en el país son causadas por siniestros viales. En este sentido, estudiar y documentar la situación de las víctimas de tránsito es más que vital, lo que amerita ser más acuciosos en cómo son afectadas por la desatención de la seguridad vial y la crisis del sistema de salud; en qué número, forma, manera o frecuencia.
La afectación a la seguridad vial por los altos niveles de inseguridad ciudadana en las carreteras de la nación, ha trascendido a través de la prensa nacional e internacional, con casos de víctimas fatales de personalidades del mundo de la actuación, el deporte y otros de prestigio, pero ocurre a diario sin que se denuncie que la delincuencia propicia la ocurrencia de siniestros viales para acometer sus fechorías, afectando a diario a ciudadanos de todas las edades, razas y credos.
Se tienen algunas cifras aproximadas del número de víctimas que Venezuela está acumulando. El último reporte oficial al respecto, fue suministrado por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) de Venezuela, quien envió unas cifras desactualizadas de 2016 a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las muertes reportadas oficialmente por hechos viales violentos en el país ascendían a 7.028, esto representaba un índice de 22 muertes por cada 100.000 habitantes.
Sin embargo, dado que la metodología aplicada por el INTT no es la sugerida por la OMS, la organización para su informe sobre el estado mundial de la seguridad vial 2018 hace una estimación, indicando que se podría estar hablando de unas 10.640 muertes por siniestros viales; es decir, unos 33,7 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Estas cifras colocan al país como la peor gestión en materia de seguridad vial del continente. También es necesario adentrarse en los datos cualitativos, pues existen testimonios dantescos sobre la falta de atención primaria del herido o accidentado debido a la incapacidad de los cuerpos de seguridad de la nación, de concurrir oportunamente a los sitios en que se producen los siniestros y atender a las víctimas de manera expedita. De lograr el traslado de las víctimas a los centros de atención médico-hospitalarios, tampoco hay en estos los insumos y medios para garantizar el derecho que tienen los ciudadanos de recibir los cuidados requeridos, pero, una vez fallecido, los testimonios son realmente dolorosos, humillantes y deplorables, como por ejemplo la falta de refrigeración del cadáver, ausencia de camillas para el traslado, la imposibilidad de darle sepultura al difunto por problemas económicos y lo más grave, falta total de fiscalización, aplicación de la ley e incumplimiento de las normas viales por parte de los propios oficiales de seguridad, lo que repercute gravemente en la situación (económica, emocional y hasta psicológica) de los familiares de la víctima.
ONG`s y activistas desarticulados
En resumen, el panorama de la seguridad vial en Venezuela luce desesperanzador, ante un gobierno ineficiente y autoritario que no registra, sistematiza y reporta data oficial, la disminución del apoyo y financiamiento a la sociedad civil que trabaja en el tema, y el agravamiento de una crisis social, económica y política que repercute a todos los niveles.
Los activistas y ONG’s interesados en la Seguridad Vial en Venezuela nos hemos quedado varados frente a una calle sin salida pues, para acceder al financiamiento requerido, sobre todo desde el exterior, los organismos solicitan datos que sustenten el por qué es necesaria la aplicación de un proyecto o campaña. Por todo lo anteriormente expuesto, se hace entonces imposible contar con estos datos y poder documentar sin medias tintas, ni supuestos, lo que realmente está pasando en el país. Esta situación impide la noble labor de la ciudadanía organizada y constituye una trampa que finalmente no beneficia a nadie, en especial a las víctimas viales.
Una sociedad equilibrada es aquella en la que la tríada: estado, sociedad civil y partidos políticos, funciona de manera ponderada. Pero, ante la ausencia de actuaciones por parte de los entes del estado con atribuciones en el tema y una franca crisis de los partidos políticos, la sociedad civil sería el frente al cual poder acudir para realizar labores de documentación y sistematización de datos, diseño de políticas públicas y ejecución de planes, programas y proyectos, que atiendan a la población más vulnerable y contribuyan a propiciar mejores niveles de seguridad vial.
Sin embargo, la crisis social, la falta de apoyo financiero y la migración forzada han dejado a la mayoría de las ONG’s como a los activistas, inoperantes. Las ONG’s que siguen en pie, en su mayoría, trabajan a fuerza de pura voluntad, con insuficientes recursos, disminución del personal y sin información. Los activistas se manejan con algunos fondos propios, por lo que aunque realizan acciones muy loables y filantrópicas, su campo de acción es extremadamente limitado.
Aun cuando en el país se cuenta con la presencia de prestigiosas empresas que ejecutan acciones admirables en materia de seguridad vial en otros países, en nuestra nación, si bien hemos sido bien atendidos, parece existir un velo de silencio ante nuestras reiteradas solicitudes y presentación de planes, programas y proyectos.
Aunque todas las condiciones estén en contra, la sociedad civil no se ha quedado cruzada de brazos, se han emitido dos comunicados públicos: el primero en diciembre de 2017 y el segundo, en septiembre de 2018, alertando sobre los cambios experimentados en la circulación del tránsito y las afectaciones a todos los sistemas de transporte terrestre especialmente y su infraestructura de servicio, en detrimento de la seguridad de los ciudadanos.
No obstante, las acciones que se puedan llevar a cabo desde una sociedad civil pauperizada, no serán nunca suficientes para atajar a tiempo una crisis que puede seguir en aumento, sin ningún tipo de observación y documentación.
No podemos callar ante la grave situación que acontece en el país y más allá de no contar con los recursos, ni acceder a cifras oficiales, las organizaciones civiles tenemos indicadores evidentes del deterioro de los sistemas de transporte, la disminución y el deterioro del parque automotor, el uso institucionalizado de vehículos no aptos para el traslado de los usuarios, entre otras muchas irregularidades que repercuten en la seguridad vial.
Por todo lo antes expuesto, recurrimos a Uds. esperando su muy necesario apoyo y exhortando muy respetuosamente a las distintas Asociaciones, Entes Internacionales, e incluso a la empresa privada internacional en pleno, a considerar con la seriedad que el caso amerita, lo que está ocurriendo en Venezuela, difundir este comunicado: Es urgente que las miradas del mundo entero vuelvan sus ojos a la nación, que requiere de las naciones hermanas una posición más cercana y humana, académica y objetiva, en la que prive la ética y la moral necesaria para separar agendas particulares y atender a una situación humanitaria. Para ello, es crucial flexibilizar, ampliar, estudiar nuevas formas de financiar, orientar y apoyar a las ONGs, – no sólo de Venezuela, hoy somos nosotros, mañana pueden ser otros-, que hagan vida en sistemas políticos en crisis de cualquier índole pensando principalmente en la víctimas de transito. Se desea recordar que el objetivo de la Seguridad Vial es salvar vidas y eso, no está ocurriendo en Venezuela.
Caracas a los 29 días del mes de mayo de 2019
Suscriben:
A.C. Paz Activa.
Observatorio de Seguridad Vial Venezuela. Dayana Betancourt.
Asotransito. Lilian Romero. Venezuela.
Women Empowerment Laboratory (WELab). Vanessa Vargas. Venezuela
Y los ciudadanos (as):
Carla Natera. Magister en Planificación de Transporte. Venezuela.
Celia Herrera. Ingeniero y profesora de la U.C.V. Venezuela.
José Carvajal. Periodista/activista de la movilidad peatonal.
Mayerling Vera Merlo. Activista / Proyecto Llamado a la Conciencia Vial. Venezuela.
