Las organizaciones de la Sociedad Civil que suscribimos este comunicado, queremos expresar nuestra preocupación ante los vacíos existentes en el diseño y ejecución de políticas públicas en materia de seguridad vial.
Notamos claramente que el tema de la seguridad vial no está dentro de las prioridades del Ejecutivo nacional, ni de las instancias de gobierno regional y local. Hacemos esta afirmación basándonos en los siguientes puntos:
- Falta de planificación urbana, en la cual se prevea el impacto de la movilización peatonal, transporte público, estacionamientos y volumen de circulación vehicular.
- El aumento de uso de la moto como medio de transporte público, sin observación, medición ni estudio del impacto de este modo de transporte.
- La falta de sanción ante el incumplimiento de las disposiciones de Ley y normas en general, ante faltas tan graves como llevar niños menores de 10 años en motos, incluso sin ningún tipo de protección, desatendiendo al Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre sobre el uso y circulación de motocicletas en la red vial nacional y el transporte público de personas en la modalidad individual moto taxi, y que se estén utilizando estos vehículos como transporte escolar.
- La falta de data actualizada sobre causa de muerte en las vías, para de acuerdo a ello establecer planes y campañas que atiendan las causas de siniestros en cada región.
- La falta de escuelas certificadas de manejo para autos, motos, incluso bicicletas, estas últimas también de suma importancia, debido a la relevancia mundial que está tomando este vehículo como alternativa ecológica y saludable.
- El evidente deterioro de calles, avenidas, aceras y mobiliario urbano en general.
- El mal estado o la ausencia de la iluminación, señalización y dispositivos de control de tránsito en general, e instrumentos comunes dentro de la circulación vial incluyendo equipamiento urbano; afectando principalmente al peatón. Ello incide indudablemente en los niveles de inseguridad vial y ciudadana.
- La ausencia de funcionarios de tránsito en las calles y avenidas y de estar, no toman ninguna acción de orden y control vial. Incluso la ausencia de supervisión y control del ejercicio de estos funcionarios en sus atribuciones de Ley.
- Ausencia de sanciones ante las constantes infracciones de todo tipo, propiciando la anarquía que priva en la circulación del tránsito en todos sus modos. Se insiste en especial las consecuencias que esto puede conllevar sobre la seguridad vial de niños, niñas y adolescentes.
- Fallas en el sistema de transporte público superficial: Pocas unidades para cubrir la demanda de usuarios, en mal estado, con horarios limitados, sin información acerca de las rutas, incidencia de robos en las unidades, a lo cual se suma la falta de repuestos y altos costos
- La carencia de un sistema de transporte público adecuado en cantidad, calidad, rutas, que presente un servicio seguro y confiable para atender a la demanda de los venezolanos.
- El Metro de Caracas está presentando fallas estructurales, de mantenimiento y de operación, que están lesionando los derechos de movilidad, en especial de ancianos y personas con discapacidad. En artículo redactado por la ONG de DDHH Proiuris publicado en su sitio web, de fecha 08 de noviembre 2017 informan que el 36% de las escaleras mecánicas de la Línea 1 está fuera de servicio.
La mayoría de estos puntos, exceptuando lo concerniente al Metro de Caracas, se presentan en la mayoría de los estados de todo el país.
Se hace necesario mencionar que en el último informe de la Organización Mundial para la Salud, Venezuela es el único país que aparece en blanco, es decir, sin data. La ONU lanzó el Decenio de Acción para la Seguridad Vial en el 2011 y a cuatro años de culminar, nuestro país, solo tiene algunos programas, misiones, campañas gubernamentales, sin estar concatenadas a un plan nacional que se proyecte a dar soluciones a corto, mediano y largo plazo.
El transporte no está fundamentado como un derecho humano, pero el derecho al libre tránsito si está contemplado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, y a tal efecto, la situación del transporte público a la fecha, está mermando el legítimo derecho de movilización de los ciudadanos y además, se desarrolla en una total anomia, violentando la Ley de Transporte Terrestre poniendo en riesgo la vida de los pasajeros, sus bienes, afectando la productividad y la asistencia escolar. Provea publicó en su portal, fecha 01 de diciembre de 2017, que el 80% del transporte nacional está paralizado. El problema aquí planteado con el transporte público es de vieja data con distintos niveles de complejidad y circunstancias, entre los cuales se puede mencionar el que planteó en junio 2017 el Observatorio Venezolano de Violencia, quienes publicaron notas y resultados de investigaciones referentes a los niveles de inseguridad personal – violencia, que padecen los choferes y pasajeros de los medios de transporte público superficial.
En cuanto a las cifras, datos, investigaciones y su pronta publicación-actualización, el Observatorio Vial Venezuela durante cinco años consecutivos se ha encargado de hacer las recomendaciones pertinentes a este punto, lo cual se ha vuelto a mencionar en el V Informe de la Situación Vial en Venezuela visto desde la Sociedad Civil presentado al público el pasado 23 de noviembre de 2017, donde apenas se pudo contar para su análisis, con el Anuario de Mortalidad del año 2013.
Se reconocen algunos esfuerzos, incluso ahora con el Registro de Operadores y Unidades del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, pero esto no es suficiente ante la gravedad de la situación en materia de Seguridad Vial; En el anuario publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud de 2010, se tenía claro que los hechos viales violentos eran la primera causa de muerte en niños de 1 a 5 años, y la segunda causa de muertes en jóvenes de 15 a 23 años.
Próximamente en Venezuela tendremos una generación de jóvenes lisiados, niños desfigurados, familias incompletas viviendo en ciudades con infraestructuras totalmente hostiles donde una persona en silla de rueda no tiene las facilidades para movilizarse por cuenta propia, ni en transporte público urbano. Esto si hablamos de los jóvenes, pero nuestra sociedad no puede dejar a un lado a los adultos mayores, que se ven maltratados no solo por aceras rotas, irregulares o inexistentes, sino por el castigo de la larga espera de un colectivo que no llega, y si llega, está en muy malas condiciones o no es posible tomarlo debido al alto volumen de pasajeros.
Las organizaciones firmantes hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional demás entes gubernamentales encargados en materia de Seguridad Vial, a actuar con urgencia a través de acciones firmes y constantes, lo que está en juego es la vida y el futuro de los venezolanos.
“Juntos podemos salvar millones de vidas”
1. Acceso a la Justicia
2. Agenda Automotriz
3. A.C. Cultura para la Vida
4. A.C. El KM Inteligente. Danitza Suárez.
5. A.C Llamado a la Conciencia Vial. Mayerling Vera.
6. Asociación Civil Paz Activa.
7. ASOTRANSITO. Lilian Romero.
8. AVEDEPE.
9. CIESVIAL A.C. Darwin Figuera.
10. FUNPAZ A.C.
11. FUNVIE. Reina Díaz.
12. Humano Derecho.
13. Monitor Social A.C.
14. ORPANAC.
15. Redes Ayuda.
16. Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Huniades Urbina-Medina
17. Sotravial.
18. Stop VIH. Jhonatan Rodríguez.
19. Educación Vial y Ciudad-EVYC. Gilberto Morillo
20. Convite AC. Luis Francisco Cabezas
